Lo que comenzó como una disputa administrativa sobre sanciones de la FIFA se ha convertido en un conflicto de institucionalidad en el fútbol boliviano. El Club Jorge Wilstermann y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) están enfrascados en una pugna de acusaciones que ha escalado peligrosamente, culminando en un ataque con explosivos a las oficinas de la FBF en La Paz.
La tensión alcanzó un punto crítico esta semana cuando un artefacto explosivo fue detonado en la sede de la Federación. El presidente de la FBF, Fernando Costa, calificó el hecho como un «acto vandálico y cobarde», vinculándolo directamente con la «mala información» que, según él, rodea el caso del club aviador. «Se está tratando de buscar un chivo expiatorio para disfrazar negligencia jurídica», sentenció Costa, mientras la policía analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
El Origen de la Disputa: ¿Error o Negligencia?
El núcleo del conflicto es una sanción de la FIFA que prohíbe a Wilstermann inscribir nuevos jugadores. Ambas partes presentan cronologías y responsabilidades diametralmente opuestas.
La versión de Wilstermann: El club cochabambino acusa a la FBF de haber «adelantado» erróneamente la sanción. Según su defensa, liderada por el abogado español Enric Ripoll, la prohibición de la FIFA debía comenzar en el periodo de fichajes de mitad de año (julio). Sin embargo, sostienen que la FBF les notificó que la sanción aplicaba desde principios de año. Esta supuesta mala interpretación, argumentan, les impidió negociar y levantar otras deudas pendientes que les habrían permitido fichar jugadores, causándoles un perjuicio deportivo y económico irreparable. Su petición actual es que la FBF admita el error y soliciten juntos a la FIFA que la sanción se recorra, para no verse castigados por tres ventanas de inscripción en lugar de las dos originales.
La defensa de la FBF: La Federación niega rotundamente haber cometido «ni el más mínimo error». A través de su abogado, Carlos Aliaga, aseguran que Wilstermann tenía plena libertad para inscribir jugadores entre el 1 de enero y el 10 de febrero. Afirman que la comunicación oficial de la FIFA, detallando que la sanción comenzaría a mitad de año, fue recibida tanto por la FBF como por el club el 18 de febrero. La FBF incluso declara tener pruebas, como un audio del abogado del club, que respaldan su versión. Para la Federación, el caso está cerrado y se reservan el derecho a iniciar acciones legales si continúan los «agravios infundados».
Un Panorama Incierto
El atentado a las oficinas federativas añade una capa de complejidad y peligro a un conflicto ya de por sí enrevesado. Mientras Wilstermann clama por una solución que mitigue el daño deportivo y se siente perjudicado por una supuesta mala gestión, la FBF se mantiene firme en su postura, deslindando toda responsabilidad y advirtiendo al club sobre las graves consecuencias de llevar la disputa a la justicia ordinaria, lo cual podría acarrear hasta su expulsión como miembro de la Federación.
Con la FIFA habiendo rechazado el pedido de Wilstermann para levantar la sanción y con el diálogo entre las partes completamente roto, el fútbol boliviano se encuentra en un estado de máxima tensión. Lo que queda es un club luchando por su viabilidad deportiva, una federación defendiendo su gestión bajo ataque, y la sombra de la violencia manchando la institucionalidad del deporte rey en el país. El balón, por ahora, no está en la cancha, sino en el tejado de los tribunales y, preocupantemente, en las calles.
